En una entrevista con Lusa, Augusto Santos Silva también aborda el tema de la pesca, uno de los últimos puntos abiertos en la negociación, para subrayar que, en este capítulo, Portugal no es uno de los países que se verán más afectados por un eventual "no-tratamiento", sino que se beneficiará indirectamente de su resolución.

"En la fecha y hora en que hablamos, las perspectivas son más positivas que la semana pasada y por lo tanto diría que hoy estamos más cerca de un acuerdo sobre la futura relación entre la Unión Europea y el Reino Unido", dijo el ministro, entrevistado el 15 de diciembre.

El ministro justifica este optimismo señalando que "los equipos de negociación están trabajando", que "en dos ocasiones [...] el presidente de la Comisión Europea y el primer ministro del Reino Unido han impedido el cierre de las negociaciones sin un resultado positivo" y, "sobre todo, porque lo que separa a las dos entidades es hoy relativamente poco".

"Creo que al final del día, la racionalidad tenderá a prevalecer sobre las emociones. Creo que habrá un acuerdo", dice.

Uno de los "puntos críticos" pendientes de un acuerdo es la pesca, en la que Portugal tiene "un interés meramente indirecto", ya que para pescar en aguas noruegas, en particular bacalao, se beneficia "de una contrapartida ofrecida a Noruega de derechos de pesca en aguas del Reino Unido".

"Por lo tanto, nuestro interés es meramente indirecto, no formamos parte del grupo de países que se verán más directamente perjudicados si no se llega a un acuerdo", explica.

Otro "punto crítico" son las condiciones de competencia, el acuerdo económico, en el que el objetivo de "cero aranceles y cero cuotas en el comercio entre Europa y el Reino Unido", que permite las exportaciones e importaciones sin derechos de aduana, implica condiciones equivalentes para los bienes y servicios de ambas partes.

"Porque, por ejemplo, se prohíbe a los Estados europeos, salvo en circunstancias excepcionales bien definidas, subvencionar a sus empresas para que tengan ventajas internacionales. El Reino Unido debe tener una disposición equivalente, de lo contrario la competencia no es justa y tenemos que imponer aranceles", señala.

Es en este punto en el que, "si no hay acuerdo, las cosas serán más difíciles", ya que a partir de enero se aplican las normas de la Organización Mundial del Comercio, con la imposición de aranceles al comercio, que afectarán a las exportaciones, "importantes para algunos sectores de la actividad económica [en Portugal], por ejemplo, la industria conservera, y afectarán a las importaciones".

A falta de un acuerdo, Portugal aplicará el plan de contingencia europeo, ya que pertenece a un mercado único con "condiciones comunes para la negociación comercial con terceras entidades".

Ya resuelto, "a satisfacción" es lo que era "la principal fuente de preocupación": las condiciones y los derechos de los ciudadanos europeos residentes en el Reino Unido y los británicos que viven en la Unión Europea.

En el caso de los portugueses en el Reino Unido, ya ha habido "más de 300 mil", con una "tasa de rechazo absolutamente residual", y en el caso de los británicos en Portugal, entre 2010 y 2020, el número de británicos que viven en Portugal "casi se duplicó", actualmente alrededor de 50 mil.

También en lo que se refiere al turismo "las cosas se arreglan", lo que es de gran importancia para Portugal, ya que el Reino Unido es el mayor mercado turístico.

"No impondremos la necesidad de un visado a ningún ciudadano británico que venga a Portugal y confiamos en que el Reino Unido hará lo mismo con los ciudadanos europeos", señaló, añadiendo que ya se han adoptado medidas en los aeropuertos de Faro y Funchal para facilitar "la entrada y el movimiento de los ciudadanos británicos que vienen, por ejemplo, de vacaciones".

Con el riesgo de no llegar a un acuerdo a dos semanas del final del período de transición, que termina el 31 de diciembre, Portugal está revisando su plan nacional de contingencia, que, según explicó el ministro, incluye "una reglamentación de alineamiento sobre los servicios financieros" y las bases para "negociar un nuevo acuerdo bilateral de seguridad social" y "un acuerdo sobre la salud", ya sea a nivel europeo o, si no es posible, a nivel nacional.