El proyecto promovido por la empresa Frutineves prevé el uso de un área de 128 hectáreas para la producción de aguacates, en el municipio de Lagos, distrito de Faro.

El líder de la asociación Cero, Pedro Horta, dijo a la agencia de noticias Lusa que las asociaciones impugnaron el proyecto porque no entienden cómo se promueve una evaluación de impacto ambiental, "cuando lo que se está considerando ya está prácticamente en marcha".
En opinión de Pedro Horta, el proceso de evaluación ambiental sobre los impactos de esta finca "es un poco extraño" porque se está evaluando algo que ya está implementado: "El proceso se inició en 2018, las plantaciones se terminaron en 2019 y el sistema de riego está en marcha".

Los ecologistas denuncian que realizar las obras sin emitir previamente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) vulnera el régimen jurídico de la Evaluación de Impacto Ambiental.

Para las asociaciones Zero y Regenearte "es incomprensible cómo los organismos públicos responsables de la vigilancia y el uso del suelo", es decir, la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Algarve (CCDR) y la Dirección Regional de Agricultura "no han impedido la obra ilegal".

En declaraciones a la agencia Lusa, el vicepresidente de la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) Algarve, José Pacheco, indicó que "no hay ninguna violación de las normas de ordenación del territorio, porque este proyecto concreto no requiere licencia de ninguna entidad, ni se ajusta al régimen legal de evaluación de impacto ambiental".

José Pacheco dijo que, aunque no estaba obligado, el promotor había tomado la iniciativa de someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental, y que el proceso estaba siendo supervisado por la entidad que gestiona el territorio.

El dirigente de la CCDR/Algarve explicó que en el momento en que se presentó este proyecto agrícola no estaba sujeto a ninguna obligación de realizar una evaluación ambiental, a diferencia de lo que ocurrirá con la reciente publicación de una orden de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en la que "este tipo de proyectos no es que estén obligados, sino que la comisión puede exigir su elaboración".

"El decreto nos permite intervenir de forma más activa cuando no hay un organismo que otorgue la licencia", dijo.

José Pacheco reconoce la complejidad de estos procesos agrícolas que "no tienen licencia de ninguna entidad", ya que la agricultura implica una superficie considerable del territorio nacional, pero, dice, la CCDR está haciendo un seguimiento, junto con otras entidades, para vigilar y supervisar este tipo de intervenciones que están surgiendo en el territorio.

Asimismo, el director regional de agricultura del Algarve, Pedro Valadas Monteiro, dijo a Lusa que "este proyecto específico de plantación de aguacates, no requiere licencia, pero está siendo supervisado por la entidad regional", refutando las acusaciones de los ecologistas.

Las asociaciones ecologistas argumentan que, además de las cuestiones de ordenación del territorio, la expansión del monocultivo intensivo de aguacates no es comprensible en un momento en el que es evidente la creciente escasez de agua en la región, y sostienen que la Declaración de Impacto Ambiental se emite de forma desfavorable.