"No estoy segura de lo que ha pasado, pero la Agencia de Fronteras de Canadá (CBSA) nos ha notificado que han cancelado la orden de deportación", ha dicho Jacqueline Swaisland.

Filipe Gonçalves, de 40 años, Eva Ferreira, de 39, y su hijo Luís Gonçalves, de 15 años -que están en Canadá desde 2012 y son originarios de Fafe (distrito de Braga)- tenían una orden de deportación para el 11 de febrero tras la expiración de su visado de trabajo, a pesar de varios intentos en diferentes procesos para revalidar su estatus.

Por el momento, la abogada dice que "no tiene más información" sobre la cancelación de la deportación y que el hecho de que la CBSA no haya "enviado una nueva fecha para la deportación" es una "buena señal".

"No nos han enviado ninguna fecha futura para la deportación, no parece que vayan a ser deportados en otra fecha, simplemente nos han dicho que se ha cancelado", ha añadido.

Desde su llegada a Canadá, en agosto de 2012, la familia dice haber gastado unos 56.000 dólares canadienses (36.400 euros) en tres asesores y abogados de inmigración diferentes.
La familia portuguesa llegó a Canadá y solicitó dos visados de trabajo en 2012, a través de una empresa de transporte de mercancías pesadas.

Los visados de trabajo, de Filipe, por un año, y de Eva, válido por dos años, fueron aprobados a mediados de noviembre de ese año, cuando ambos comenzaron a trabajar en Canadá con toda la documentación legal.

El problema surgió con la renovación de los visados de trabajo, que no se produjo, y la familia culpó a varios asesores de inmigración que no "hicieron su trabajo".

La familia no supo que estaba indocumentada hasta 2014, a pesar de los intentos infructuosos de legalización.

En marzo de 2020, Ottawa suspendió la mayoría de las deportaciones debido a la pandemia. A principios de agosto, Canadá decidió deportar los casos más graves de inadmisibilidad. Y todos los casos de inadmisibilidad a finales de noviembre.

Fue entonces cuando la familia portuguesa se puso en contacto con la abogada de Toronto, que presentó en diciembre una solicitud de estatus humanitario compasivo por el enorme esfuerzo que "han hecho para regularizar su situación en Canadá".

Mientras tanto, Jacqueline Swaisland presentó una solicitud para retrasar la deportación, argumentando que la familia "no debería ser deportada en este momento", y que la CBSA debería esperar hasta tener una respuesta a la solicitud de estatus de compasión humanitaria y porque "no es seguro viajar a Portugal porque tiene una de las tasas más altas de casos con infecciones debido a la pandemia".

La solicitud fue rechazada por las autoridades canadienses, siendo la última alternativa un recurso ante el Tribunal Federal, que se presentaría el 10 de febrero, un día antes de la deportación.

Según datos del gobierno canadiense, más de 480.000 portugueses y descendientes de portugueses viven en el país.