El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa concluyó que Portugal sigue violando el derecho a una vivienda digna para la comunidad gitana que reside en el país, revela un informe de la organización.

La decisión se refiere a una queja presentada en 2010 y el razonamiento afirma que "persisten las condiciones precarias de vivienda para una gran parte de la comunidad gitana", además de "el hecho de que el Gobierno no ha demostrado que haya tomado medidas suficientes para garantizar que la comunidad gitana viva en casas que cumplan los criterios mínimos".

Aunque reconoce algunas medidas tomadas por el país para mejorar las condiciones de vida de la comunidad gitana, concretamente a través de la Estrategia Nacional de Integración de las Comunidades Gitanas, y de programas de vivienda como el 1º Derecho, invocado por Portugal en respuesta a la denuncia, el Comité Europeo sostiene que el problema persiste.

El número exacto de gitanos en Portugal se desconoce y se basa en estimaciones, que apuntan a una población de entre 24 mil y 40 mil personas, pero que el comité europeo refuta, considerando que las estimaciones de entre 45 mil y 50 mil personas son números "más realistas", ya que incluyen a los "invisibles", es decir, a las familias que no están referenciadas y a las que no tienen una residencia fija.

"Se desconoce el número de gitanos extranjeros en Portugal, ya que no se recoge ninguna información oficial al respecto", afirma también la organización del Consejo de Europa.

En cuanto a las condiciones de habitabilidad entre la comunidad gitana, el informe también señala que cerca del 37% de los gitanos portugueses viven en chabolas o campamentos, que se pueden encontrar en 70 municipios.

Los niños suelen estar todos matriculados en la misma escuela, lo que crea una situación de "escuelas gitanas", y las viviendas suelen estar superpobladas, ya que las políticas de reubicación no tienen en cuenta la expansión de las familias.

Por todo ello, el comité europeo, reconociendo los esfuerzos realizados por las autoridades portuguesas, sostiene que Portugal se encuentra en una situación de incumplimiento, que son necesarias mejoras y que "aún existen obstáculos" relacionados con la falta de datos cuantitativos y cualitativos fiables.

Asimismo, identifica "incumplimientos recurrentes" por parte de los Estados a la hora de garantizar el acceso a los derechos laborales en condiciones de igualdad, señalando problemas de discriminación en el acceso al empleo, desigualdades salariales por razón de género y la no prevención de situaciones de trabajo forzoso o explotación laboral.