En un comunicado, Quercus defiende que el Gobierno sólo debe autorizar nuevas centrales eléctricas si cumplen "criterios de sostenibilidad" para proteger el territorio, la naturaleza y el paisaje.

La asociación subraya que las energías renovables deben seguir siendo una apuesta para la producción de energía eléctrica, especialmente para el sector residencial, industrial y de servicios, pero señala que existen "alternativas a las grandes plantas fotovoltaicas" que tienen menos impacto en el medio ambiente.

La instalación de plantas en zonas industriales, el montaje de módulos de energía solar "en los tejados de edificios públicos, fábricas existentes" o el uso de terrenos baldíos son "preferibles a la proliferación desordenada de grandes plantas que afectan al paisaje y a los suelos, haciendo inviables las tierras fértiles para la agricultura y la silvicultura", argumenta Quercus.

"El Gobierno debe mejorar la normativa sobre la instalación de centrales fotovoltaicas e infraestructuras asociadas", reclama la asociación, que indica que sólo se exige una evaluación de impacto ambiental para las centrales de potencia instalada igual o superior a 50 megavatios en régimen general, y de 20 megavatios o más en el caso de zonas sensibles.

Para potencias inferiores, sólo se realiza una evaluación de impacto ambiental y, fuera de las zonas protegidas, cualquier central de hasta 50 megavatios sólo necesita licencia de la Dirección General de Energía y Geología.

Cada central trae consigo "nuevas líneas de transmisión que requieren la tala de vegetación en corredores de protección de unos 50 metros de ancho a lo largo de kilómetros" hasta llegar al punto de conexión a la red.

Un "mal ejemplo" dado por Quercus se encuentra en el municipio de Viseu, donde existe un proyecto de central fotovoltaica de Lupina, previsto en terrenos comunes de las freguesias de Mundão, Abraveses y Lordosa y de la unión de freguesias de Barreiros y Cepões, que "están sujetas al régimen forestal".

El estudio de impacto ambiental se refiere a un "megaproyecto de 220 megavatios" que supondría la deforestación de un área ocupada en un 80% por pinos y robles marítimos "en una zona con suelos profundos, muy productivos para el crecimiento forestal y, por tanto, para el almacenamiento de carbono a largo plazo".

Quercus subraya que "el Instituto para la Conservación de la Naturaleza y los Bosques emitió un dictamen desfavorable a este proyecto" y espera que el Ministerio de Medio Ambiente y Acción Climática "no apruebe la destrucción del bosque" para un proyecto sin estudiar alternativas.