"Era el momento de actuar", dijo el primer ministro, António Costa, la semana pasada, al presentar un balance de esta cuarta presidencia portuguesa de la UE.

El objetivo de tener los planes nacionales aprobados antes del 30 de junio, allanando el camino para la liberación del Fondo de Recuperación y Resiliencia, fue anunciado en diciembre por el ministro de Asuntos Exteriores, Augusto Santos Silva, y renovado en abril, cuando António Costa señaló la aprobación de un primer paquete de Planes de Recuperación y Resiliencia (PRR) en la reunión de ministros de Finanzas (Ecofin) del 13 de junio.

Portugal fue el primer país en presentar formalmente su plan de inversión a la Comisión Europea, pero otros Estados miembros no fueron tan rápidos: el 30 de abril, fecha límite de presentación, sólo ocho de los 27 lo habían hecho y, de momento, dos meses después, todavía hay tres países que no lo han solicitado.

Siguiendo en el frente económico, y habiendo estipulado también el objetivo de aprobar todos los reglamentos para la entrada en vigor del marco financiero plurianual, el presupuesto de la UE para 2021-2027, la presidencia negoció y consiguió que se aprobara prácticamente toda la legislación, incluida la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), acordada en los últimos días.

Portugal definió como tercer gran objetivo llegar a finales de junio con el proceso de vacunación contra el Covid-19 "bien avanzado" en todos los Estados miembros, un "elemento esencial para la recuperación económica y social".

Una victoria en este ámbito fue el certificado digital de Covid-19, adoptado "en tiempo récord" para facilitar la circulación en la UE.

La Presidencia portuguesa definió como su cuarto gran objetivo "un impulso definitivo" a la realización del Pilar Europeo de Derechos Sociales, promoviendo en Oporto una Cumbre Social que reunió a responsables políticos, interlocutores sociales y sociedad civil.

En esta sesión se aprobaron la Ley del Clima -que transpone a la ley la neutralidad del carbono hasta 2050-, la directiva sobre la transparencia de las multinacionales -a partir de ahora obligadas a revelar en qué países obtienen beneficios y pagan impuestos- y la Garantía para la Infancia -que garantizará que 18 millones de niños en riesgo o en situación de pobreza tengan acceso a servicios esenciales-.

Se desbloquearon algunos impasses importantes, como el que retrasaba un año el inicio de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, pero otros, como el nuevo Pacto sobre Migraciones, sólo encontraron avances técnicos, insuficientes para poner en perspectiva un acuerdo en breve, como el de Eslovenia, que asume la presidencia el jueves.

Por otro lado, y a pesar de la insistencia de Portugal a lo largo del semestre en la importancia de defender el Estado de Derecho en la UE, que incluyó el relanzamiento de procedimientos contra Hungría y Polonia, la presidencia termina con una polémica sobre derechos fundamentales.

El "deber de neutralidad" afirmado por el Secretario de Estado de Asuntos Europeos en relación con una carta de 13 líderes de la UE en defensa de los valores europeos fundamentales, publicada tras la aprobación en Hungría de una ley que prohíbe "la promoción" de la homosexualidad entre los menores, recibió fuertes críticas internas al Gobierno.

Inicialmente prevista para diferentes escenarios de evolución de la pandemia, las sucesivas oleadas determinaron que la norma fuera a menudo la reunión por videoconferencia o híbrida, lo que afectó a la dinámica de algunas negociaciones, pero también, y sobre todo, a la visibilidad de la presidencia, con una cobertura mediática forzosamente obstaculizada.

Ahora, Portugal pasa el testigo a Eslovenia, que es la segunda vez que este pequeño país de unos 2 millones de habitantes, toma el timón de la UE.