El 30 de junio, fecha límite para el Plan de Registro de Ciudadanos de la Unión Europea [EU Settlement Scheme, EUSS], se habían recibido 6.015.400 solicitudes, pero sólo se habían completado 5.446.300, lo que dejaba 569.100 sin procesar.

A medida que se acercaba la fecha límite, el número de solicitudes se disparó, llegando a 12.000 por día. El último día, según el Daily Telegraph, se habrían recibido 50.000 inscripciones.

El partido de la oposición, el Liberal Demócrata, critica al Gobierno por no ampliar el plazo, dejando a más de medio millón de personas sin saber cuál será el resultado, que podría afectar a sus derechos a vivir y trabajar en el Reino Unido.

El retraso en la tramitación de las solicitudes creció un 70 por ciento en junio, cuando más de 400.000 personas se apuntaron al EUSS, pero el Ministerio del Interior sólo pudo completar 175.000 casos.

"Tanta ansiedad e incertidumbre es cruel e innecesaria", dijo el diputado liberal demócrata Alistair Carmichael.

El EUSS se abrió en 2019 tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea para conceder el estatus de residencia a los ciudadanos de los países de la UE, Islandia, Suiza, Noruega y Liechtenstein y a sus familiares cercanos.

El estatus permanente ("estatus de asentado") se concede tras cinco años de residencia continua en el país, pero los que llevan menos tiempo reciben un estatus provisional ("estatus de preasentado") hasta que transcurra el tiempo necesario.

Sin una prueba del estatus, o un certificado de solicitud, las personas pierden los derechos de residencia y trabajo y el acceso a los servicios de salud, educación y apoyo social en el Reino Unido.

El Ministerio del Interior ha prometido un "enfoque pragmático y flexible" y aceptar las solicitudes después del 30 de junio, evaluando las situaciones caso por caso cuando haya motivos razonables para el retraso.

A finales de marzo, el gobierno británico había recibido 376.440 solicitudes de ciudadanos portugueses y se completaron 359.070, de las cuales 203.310 obtuvieron el estatus de residencia permanente y 143.080 el de residencia provisional.

Organizaciones independientes han advertido en repetidas ocasiones del riesgo de que decenas de miles de personas vulnerables, como los menores a cargo de los servicios sociales, las personas con problemas de salud, los sin techo, las víctimas de la violencia doméstica o los ancianos, queden sin papeles.