La propuesta del Gobierno sobre la reestructuración del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF) fue votada a favor por el PS y por la diputada no registrada Joacine Katar Moreira, la abstención del BE y del PAN y los votos en contra del PSD, PCP, CDS-PP, Chega, PEV, Iniciativa Liberal (voto a distancia del diputado João Cotrim Figueiredo por estar en aislamiento profiláctico) y de la diputada no registrada Cristina Rodrigues.

El proyecto de ley fue aprobado en la votación general, pero también tiene que ser aprobado en la próxima reunión del parlamento en una votación especial.

El proyecto de ley del Gobierno pretende "reformar las fuerzas y servicios de seguridad que, conforme a la ley, desarrollan la actividad de seguridad interior, modificando la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Organización de la Investigación Criminal y las leyes orgánicas de la GNR y la PSP".

Este cambio supondrá el traspaso de las competencias policiales del SEF a la Guardia Nacional Republicana (GNR), a la Policía de Seguridad Pública (PSP) y a la Policía Judicial (PJ) y, según el Gobierno, realiza "la separación entre las funciones policiales y administrativas de autorización y documentación de inmigrantes" prevista en el programa del Gobierno.

La propuesta del Gobierno también define las atribuciones en materia administrativa, a saber, la creación del Servicio de Extranjería y Asilo (SEA), que tendrá "responsabilidades técnico-administrativas" de control de los inmigrantes, y la transferencia de competencias al Instituto de Registros y Notariado (IRN), que se encargará de la renovación de los permisos de residencia.

El proyecto de ley establece que la creación del SEA, que sustituirá al SEF en materia de inmigración, y el traspaso de competencias al IRN se definirán en un diploma específico que deberá aprobar el Gobierno.

Sin embargo, los demás partidos también tienen proyectos de ley al respecto.

El proyecto de ley del BE pretende crear una Agencia de Migración y Asilo, con "la misión de mejorar las condiciones de acogida de los inmigrantes y solicitantes de asilo, reduciendo la burocracia y simplificando el acceso a la plena ciudadanía, asumiendo el desempeño de las funciones administrativas que actualmente tiene asignadas el SEF".

El proyecto del PSD "pretende afirmar este cuerpo de policía judicial como fuerza de seguridad, sometiéndolo al mismo tiempo a los deberes de las fuerzas de seguridad, lo que presupone necesariamente no sólo la regulación autónoma de las restricciones adecuadas al ejercicio de los derechos del cuerpo especial, sino también una clara separación en los niveles de atribuciones orgánicas y funcionales entre las responsabilidades de seguridad y las de carácter administrativo".

El PSD considera que la "separación funcional" entre las funciones policiales y las de carácter administrativo "es imprescindible para la correcta organización y funcionamiento de estas últimas como las demás fuerzas, pero no debe ser un argumento para la supresión de las funciones policiales o de inspección de esta importante unidad del sistema de seguridad interior".

El proyecto de Chega defendía la inclusión de un diputado en representación de cada partido político con escaño parlamentario en el consejo superior de seguridad interior, que además debería tener como competencias "la definición de las principales líneas políticas de la seguridad europea, propuestas por los órganos comunitarios, previo dictamen del SEF".