"Incluso pedimos a la Agencia de Modernización Administrativa que hiciera un análisis y lo que encontramos, en general, es que no hay motivo de alarma social en torno a este tema", dijo la ministra de Modernización del Estado y de la Administración Pública, Alexandra Leitão, refiriéndose al uso de cookies en las webs de la Administración Pública.

"Es cierto que muchos sitios web de la Administración Pública utilizan estas 'cookies' de terceros, estas cookies analíticas. Es cierto que en algunos casos recurren a Google Analytics o a otras preexistentes en el mercado, que, por cierto, son de uso libre, pero siempre en el marco de un compromiso ético de uso de estos datos, con la garantía de que no se comparten", declaró la ministra, en respuesta a los diputados.

Las llamadas cookies son una especie de códigos de software que se almacenan en el ordenador a través del navegador y que conservan información relacionada con las preferencias del usuario. Las cookies analíticas se utilizan con el fin de crear y analizar estadísticas, para mejorar el funcionamiento de la página web.

En este sentido, Alexandra Leitão recordó la posición de la presidenta de la Comisión Nacional de Protección de Datos (CNPD), Filipa Calvão, refiriéndose a que Google no conoce el número del usuario en relación con las cookies de Google Analytics, "y puede eventualmente ser capaz de identificar a través de la IP [identificación única para cada ordenador], pero se compromete a no hacerlo de acuerdo con lo que son los compromisos de uso de Google Analytics".

"Aun así, creo que aquí hay un camino que hay que tomar y que pasa, esencialmente, por esa verificación no sólo de lo que existe y el cumplimiento de todos estos puntos que he mencionado, es decir, se puede rechazar sin perder funcionalidades de la web, se pueden elegir unas y no elegir otras y luego, en última instancia, aun eligiendo su uso, asegurar que no se comparten", señaló.

Según el funcionario, no se trata sólo de un problema de capacidad de desarrollo tecnológico, ya que también es una cuestión de análisis de coste/beneficio debido al desarrollo propietario de este tipo de soluciones interiorizado en la Administración Pública.

"Si es posible, por supuesto, llevar a cabo este desarrollo tecnológico internalizado con más garantías, sin perjuicio de repetir que aquí no hay motivo de alarma en torno a esta situación, naturalmente lo tendremos en cuenta y ya estamos desarrollando este trabajo en el CTIC", reforzó.

En cuanto al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), en vigor desde mayo de 2018, Alexandra Leitão destacó que "obliga a todas las entidades públicas y privadas, que han tenido y deben tener un tiempo para adaptarse".