Según el ministro de Economía, Pedro Siza Vieira: "Hubo un conjunto de empresas que presentaron una queja sobre la forma en que se cuantificó su salario mínimo", reconoció, y añadió que "de las 96.000 empresas que solicitaron la compensación, 3.000 llamaron la atención sobre algunas discrepancias".

"Para esas trataremos de hacer el ajuste, para las demás trataremos de hacer el pago lo más pronto posible", aseguró, a pocos días de que termine el plazo para que las empresas soliciten este apoyo que devuelve a las empresas parte del incremento de las cargas con la Tarifa Social Única (TSU), que implica el alza del salario mínimo.

La semana pasada, la Confederación de Comercio y Servicios de Portugal (CCP) advirtió que cientos de empresas, que emplean a más de 100.000 personas, quedaron excluidas de la compensación por el aumento del salario mínimo de 2021.

"A dos días de que finalice el plazo para que las empresas soliciten las ayudas negociadas con el Gobierno para compensar el aumento del salario mínimo de 2021, cientos de empresas de diversos sectores, que emplean a más de 100.000 personas, se encuentran excluidas de esta compensación", advirtió la CCP en un comunicado.

Según el PCC, esta situación fue "señalada varias veces" por el PCC en el Comité Permanente para el Diálogo Social (CPCS) y mencionada de nuevo por el presidente de la confederación al ministro de Trabajo.

Según el CPCS, la situación "penaliza de forma totalmente injusta e injustificada dos tipos de situaciones muy comunes en las empresas de comercio o de servicios": los sectores cuyos convenios colectivos prevén un salario mínimo sectorial indexado e incrementado en relación con el salario mínimo nacional (por ejemplo, el convenio colectivo de las empresas de limpieza prevé un salario mínimo un 0,5 por ciento superior al salario mínimo nacional); y las empresas en las que los trabajadores cobran el salario mínimo, pero que por fuerza de sus funciones reciben un complemento por pérdidas de caja.

"En el primer caso" -explicó- "la discriminación desanima a los sectores a pagar por encima del salario mínimo nacional".

En el segundo caso, "están penalizando a los trabajadores con una función específica que les obliga a asumir fallos de caja".

En enero de este año, el salario mínimo nacional se incrementó en 30 euros, hasta los 665 euros, y el Gobierno aspira a que sea de 750 euros al final de la legislatura.

Durante el proceso de negociación con los interlocutores para fijar el salario mínimo nacional en 2021, el Gobierno anunció la creación de una medida para devolver a las empresas parte del incremento de las cargas con la Tarifa Social Única (TSU), que supone la subida del salario mínimo, y que se traduce en 7,13 euros al mes en el caso de los 30 euros.