"Se ha aprobado un decreto ley que pretende proteger a las familias con préstamos en situación de impago bancario, beneficiándose de la protección adicional del Plan de Actuación ante el Riesgo de Impago (PARI) y del Procedimiento Extrajudicial de Resolución de Situaciones de Impago (PERSI)", señala el comunicado emitido al término de la reunión del Consejo de Ministros.

Así, antes del 31 de agosto, las entidades financieras "deberán evaluar la capacidad financiera de sus clientes", y antes del 15 de septiembre, si se cumplen los requisitos legales, "deberán presentar propuestas de mejora de sus condiciones contractuales", señala.

El Gobierno explica que, en caso de dificultades financieras, las familias con préstamos hipotecarios están protegidas durante un periodo mínimo de 90 días, "y las entidades financieras no pueden rescindir el contrato ni emprender acciones legales".

Las entidades financieras tampoco pueden aumentar el tipo de interés de los contratos de crédito, aunque no estén amparados por una moratoria, en virtud de los acuerdos suscritos en el marco del PARI y el PERSI, lo que refuerza la protección de los clientes bancarios.

El Ejecutivo pretende que "las entidades hagan un seguimiento más proactivo de sus clientes y que el Banco de Portugal disponga de las herramientas para supervisar estos pasos".

La mayoría de las moratorias debían finalizar en septiembre, y preocupa cómo reaccionarán las familias y las empresas ante la obligación de devolver los préstamos en una situación económica muy difícil.