El proyecto de ley, al que ha tenido acceso Lusa y que el partido califica como "una novedad legislativa", altera el Estatuto de la Jubilación en el artículo relativo a las retribuciones mensuales.

"Si los beneficiarios han desempeñado cargos públicos o políticos y han sido condenados por delitos de corrupción, tráfico de influencias o malversación, la pensión a la que tengan derecho sufrirá un recorte definitivo de entre el 25 por ciento y el 75 por ciento de su valor", propone Chega en el proyecto de ley.

El partido añade además que, "si la pena efectiva aplicada es superior a cinco años de prisión, el beneficiario sufrirá un recorte nunca inferior al 50 por ciento del valor definitivamente atribuido, pudiendo llegar al 75 por ciento si el beneficiario ha perjudicado gravemente al erario público o a la integridad de las funciones públicas".

El proyecto de ley también establece que "en ningún caso el beneficiario podrá obtener, tras los recortes, un valor neto final inferior al salario mínimo interprofesional" y salvaguarda que éstos sólo puedan aplicarse "tras la condena firme por los delitos".

El partido incluye este proyecto de ley en un intento de reforma de la Seguridad Social que, según Chega, varios Gobiernos intentaron hacer "desgraciadamente siempre sin gran éxito".

"La alteración que ahora se acomete tiene que ver esencialmente con la aplicación de una norma básica de justicia: quienes perjudicaron gravemente al erario público o a las funciones públicas encomendadas deben ser castigados en la atribución legal de la cuantía de la pensión", justifica Chega.

"Lo que se pretende con este cambio legal es precisamente articular el sistema jurídico-penal, así como la evolución de la percepción social y el escrutinio existente sobre el ejercicio de las funciones públicas, dado el actual sistema de pensiones", defiende el partido.

A finales de junio, con las abstenciones del PSD, del CDS-PP, del PAN y de la diputada Cristina Rodrigues, fue rechazada en el Parlamento una proposición de ley de Chega para agravar los marcos penales mínimos y máximos de los delitos de corrupción pasiva y activa.

La última sesión antes de las vacaciones también confirmó el rechazo del proyecto de revisión constitucional de Chega, que, entre otros asuntos, pretendía introducir un impedimento vitalicio para ocupar cargos públicos para los condenados por corrupción.