Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE): "La legislación nacional no garantiza que los vehículos de segunda mano importados estén sujetos a un impuesto cuyo importe sea igual al del impuesto que grava los vehículos de segunda mano similares ya presentes en el mercado portugués".

En 2016, el Tribunal de Justicia declaró que Portugal había incumplido sus obligaciones de garantizar la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros en condiciones normales de competencia. El tribunal declaró que: "Para determinar la cuantía del impuesto sobre los vehículos, el sistema de cálculo de la depreciación de los vehículos, que se aplicó para determinar la base imponible de los vehículos de segunda mano importados en Portugal desde otro Estado miembro, no tuvo en cuenta la depreciación de esos vehículos durante su primer año de uso ni la depreciación superior al 52 % en el caso de los vehículos que han sido utilizados durante más de cinco años".

Según el código fiscal portugués, los tipos impositivos aplicados se determinan en función de la cilindrada y de una cláusula medioambiental.

"Portugal afirma haber acatado la sentencia de 2016 modificando el código para aumentar el número de franjas que se utilizan para calcular la depreciación de los vehículos de segunda mano importados en su territorio. Sin embargo, a diferencia de la versión anterior del código, los porcentajes de reducción basados en la edad del vehículo se aplican ahora solo a la cilindrada del vehículo, y el componente medioambiental se paga en su totalidad".

Según la Comisión, el resultado de las normas y del método de cálculo del impuesto es que un vehículo de segunda mano importado de otro Estado miembro está casi siempre más gravado que un vehículo de segunda mano similar matriculado en Portugal, lo que provoca una discriminación entre ambas categorías de vehículos.

Por ello, el Tribunal de Justicia ha declarado que Portugal ha incumplido sus obligaciones.

"Portugal alega que esta situación está justificada por el objetivo de protección del medio ambiente. Sostiene que el pago íntegro del componente medioambiental tiene por objeto someter la admisión de vehículos de segunda mano en Portugal a un criterio selectivo, aplicando exclusivamente criterios medioambientales, se ajusta al principio de "quien contamina paga"", afirma el tribunal.

"Aunque los Estados miembros son libres de determinar las normas de cálculo del impuesto de matriculación de manera que tengan en cuenta consideraciones vinculadas a la protección del medio ambiente, debe evitarse cualquier forma de discriminación, directa o indirecta, contra las importaciones procedentes de otros Estados miembros o cualquier forma de protección de los productos nacionales competidores."

Un recurso por incumplimiento, dirigido contra un Estado miembro que ha incumplido sus obligaciones en virtud del Derecho de la Unión, puede ser interpuesto por la Comisión o por otro Estado miembro.

Si la Comisión considera que Portugal sigue sin cumplir la sentencia, puede proponer un nuevo recurso que podría dar lugar a sanciones económicas.

Author

Originally from the UK, Daisy has been living and working in Portugal for more than 20 years. She has worked in PR, marketing and journalism, and has been the editor of The Portugal News since 2019. Jornalista 7920

Daisy Sampson