Debido a la gran envergadura del juicio y al número de acusados y abogados, se está celebrando en un pabellón del Europarque.

Los acusados (98 personas de entre 28 y 86 años y 47 empresas) están acusados de cientos de delitos de fraude fiscal. Tres de los acusados también están acusados de delitos relacionados con el fraude informático. Dos de los acusados están en prisión preventiva en relación con otro caso.

Se trata de una trama de facturas falsas que se cree que tuvo lugar durante un periodo de seis años, entre 2010 y 2016, con el objetivo de obtener ventajas fiscales indebidas en materia de IVA e IRC, anulando o reduciendo el importe del impuesto a entregar al Estado.

Entre los acusados se encuentran varios empresarios del sector del corcho, que supuestamente compraron las facturas ficticias a cambio de recompensas pecuniarias, y varias personas físicas acusadas de haber vendido las facturas emitidas a nombre de empresas ficticias y sin actividad real.

El diputado solicitó que se declarara como pérdida para el Estado la suma de 25,7 millones de euros, correspondiente al supuesto patrimonio obtenido por los acusados con la comisión del delito.