El responsable del Patronato de Turismo del Algarve, João Fernandes, dijo que la región corre un "enorme riesgo" de tener que recoger la basura debido a la nueva ley, concretamente los restaurantes, hoteles, escuelas y el comercio minorista, entre otros sectores.

El nuevo régimen, que entra en vigor el 1 de enero, obliga a los grandes productores de residuos a enviarlos (indiferenciados y reciclables) para su gestión a través de empresas privadas, lo que imposibilita el uso de los sistemas municipales de residuos urbanos.

En el Algarve, la medida traerá más costes y problemas operativos a los restaurantes y establecimientos de alojamiento debido a la falta de empresas privadas que hagan ese trabajo, advirtió João Fernandes.

Además, el Algarve puede "convertirse, en lugar del mejor destino turístico, en el destino que no recoge la basura", advirtió.

Según la agencia de noticias Lusa, João Fernandes puso el ejemplo de un camping de la región, que pagaría 800 euros al mes en los servicios municipales de residuos de Portimão, pero que vería aumentar la factura a 6.000 euros al mes, "siete veces más" con una empresa privada que prestara el mismo servicio.

Además de los elevados costes, João Fernandes dijo que en el Algarve no hay suficientes servicios para satisfacer la demanda que surge con esta nueva normativa, y añadió que hoy en día los operadores privados no tienen capacidad para dar esta respuesta y seguramente no la tendrán a corto plazo, porque este servicio no está instalado en el Algarve.

Cargas adicionales

João Fernandes también criticó la "única excepción" prevista en el proyecto de ley, que "exige la prueba de la denegación del servicio por parte de cinco operadores privados de tratamiento autorizados".

"Ahora bien, no es muy difícil darse cuenta de que será casi imposible recoger estas negativas declaradas por las empresas con licencia para prestar este servicio", consideró, subrayando que, para ello, la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente (APA) también tiene que pronunciarse, pero sólo puede hacerlo tras los "dictámenes preceptivos" de la Autoridad de la Competencia y de la Autoridad Reguladora de los Servicios de Agua y Residuos (ERSAR).

Teniendo en cuenta el marco legislativo que entra en vigor el 1 de enero y el "período exigente" que "las empresas -turismo, comercio y muchas otras- están atravesando en esta recuperación" de la economía, João Fernandes defendió la adopción de "apoyos y no cargas adicionales y dificultades insoportables".

En este sentido, defendió la adopción de "un período de transición más largo para la entrada en vigor de esta ley", así como "una revisión de lo que se considera un mayor productor de residuos".

Además, defendió que debería ser más fácil demostrar la incapacidad de las empresas privadas para prestar el servicio a efectos de excepción.

Por otra parte, al responsable del Patronato de Turismo del Algarve le preocupa que, cuando llegue el verano, la región dependa de una respuesta privada que, de momento, no existe en la región.

Este decreto-ley nº 102-D/2020 es el resultado de la transposición al ordenamiento jurídico portugués de las directivas europeas sobre gestión de residuos.