El Gobierno tiene ahora hasta el 11 de enero de 2022 para realizar las transferencias de atribuciones en materia administrativa y de seguridad interior.

El diploma determina que las actuales atribuciones administrativas del SEF en relación con los ciudadanos extranjeros son ahora realizadas por la Agencia Portuguesa de Migración y Asilo (APMA) y por el Instituto de Registros y Notariado (IRN).

Según la ley, el Gobierno debe presentar, en un plazo de 60 días, el diploma que crea la APMA, un servicio administrativo con atribuciones específicas.

La APMA tendrá la "misión de ejecutar las políticas públicas en materia de migración y asilo, es decir, la regularización de la entrada y permanencia de ciudadanos extranjeros en el territorio nacional, emitiendo dictámenes sobre las solicitudes de visado, asilo y asentamiento de refugiados".

La ley también establece que hasta la entrada en vigor del diploma de creación de la APMA "se mantienen vigentes las normas que regulan los sistemas informáticos y de comunicaciones del SEF, incluidas las relativas a la parte nacional del Sistema de Información Schengen y otras existentes en el ámbito del control de la circulación de personas, estando su gestión asegurada por una unidad de Tecnologías de la Seguridad de la Información".

El diploma también determina la creación, junto con la APMA, de un órgano consultivo en materia de migración y asilo, que asegure la representación de los departamentos de la Administración y de las organizaciones no gubernamentales, "cuyo objeto estatutario esté destinado principalmente a la defensa de los derechos de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, a la defensa de los derechos humanos o a la lucha contra el racismo y la xenofobia, siendo responsable de emitir los dictámenes, recomendaciones y sugerencias que se les presenten".

Transferencia de competencias

La transferencia de competencias al IRN, que también será responsable de los ciudadanos extranjeros con permiso de residencia en Portugal y de la expedición de pasaportes, se definirá en un diploma específico que deberá aprobar el Gobierno.

En el ámbito de la transferencia de competencias policiales, la GNR se encargará de "vigilar, inspeccionar y controlar las fronteras marítimas y terrestres", "actuar en el marco de los procedimientos de expulsión coercitiva y de expulsión judicial de ciudadanos extranjeros, en las zonas de su competencia" y "garantizar la realización de controles móviles y operaciones conjuntas con las fuerzas y servicios de seguridad nacionales y homólogos españoles".

Por su parte, la PJ integrará las competencias de "vigilancia, inspección y control de las fronteras aeroportuarias y de las terminales de cruceros" y "actuar en el ámbito de los procesos de remoción coercitiva y expulsión judicial de ciudadanos extranjeros, en las áreas de su jurisdicción".

La PJ tiene competencias reservadas en la investigación de los delitos de ayuda a la inmigración ilegal, asociación de ayuda a la inmigración ilegal, tráfico de personas y otros relacionados con estos.

Esta separación del SEF entre las funciones policiales y las administrativas relacionadas con los inmigrantes estaba prevista en el programa del Gobierno y fue anunciada por el Ministro de Administración Interior tras la muerte de un ciudadano ucraniano en las instalaciones del SEF en el aeropuerto de Lisboa, por la que fueron condenados tres inspectores.