El proyecto de ley que amplía el plazo de seis meses para la entrada en vigor de la ley del 12 de noviembre sobre la reestructuración del sistema portugués de control de fronteras fue aprobado con los votos a favor de PS, PAN, Chega, Iniciativa Liberal y las diputadas no inscritas Joacine Katar Moreira y Cristina Rodrigues.

La ley del 12 de noviembre establece la extinción del SEF el 11 de enero de 2022 y determina que las actuales funciones administrativas del SEF en relación con los ciudadanos extranjeros pasen a ser ejercidas por la Agencia Portuguesa de Migración y Asilo (APMA), que el Gobierno tendrá que crear por decreto ley, y por el Instituto de Registro y Notariado (IRN), además de tener que transferir las competencias policiales a la PSP, la GNR y la Policía Judicial.

La proposición de ley del Partido Socialista aplaza la extinción de este servicio de seguridad otros seis meses, justificando la evolución de la situación epidemiológica del Covid-19 en las últimas semanas en Portugal, que prevé "la necesidad de reforzar el control en las fronteras, concretamente en lo que se refiere a la verificación del cumplimiento de las normas relativas a las pruebas".

"La ley del 12 de noviembre, que reestructura el sistema de control fronterizo portugués, entra en vigor el 11 de enero de 2022. Por lo tanto, se considera necesario prorrogar el plazo de entrada en vigor de dicha ley y del consiguiente reglamento, garantizando que no se produzcan cambios institucionales en el control fronterizo en el actual contexto pandémico", dice el proyecto de ley.

Según la ley, la APMA tendrá la "misión de ejecutar las políticas públicas de migración y asilo, a saber, la regularización de la entrada y permanencia de ciudadanos extranjeros en el territorio nacional, emitir dictámenes sobre las solicitudes de visado, asilo e instalación de refugiados, así como participar en la ejecución de la política de cooperación internacional del Estado portugués en materia de migración y asilo".

La ley del 12 de noviembre también establece que, hasta la entrada en vigor del diploma de creación de la APMA, "se mantienen en vigor las normas que rigen los sistemas informáticos y de comunicaciones del SEF, incluidos los relativos a la parte nacional del Sistema de Información de Schengen y otros existentes en el ámbito del control de la circulación de personas, siendo su gestión asegurada por una unidad de Tecnologías de la Información de Seguridad".

La transferencia de competencias al IRN, que también se encargará de los ciudadanos extranjeros titulares de un permiso de residencia en Portugal y de la expedición de pasaportes, se definirá en un diploma específico que deberá aprobar el Gobierno.

En el ámbito de la transferencia de competencias policiales, la GNR se encargará de "vigilar, inspeccionar y controlar las fronteras marítimas y terrestres", "actuar en el marco de los procedimientos de expulsión coercitiva y de expulsión judicial de ciudadanos extranjeros, en las zonas de su competencia" y "garantizar la realización de controles móviles y operaciones conjuntas con las fuerzas de seguridad nacionales y sus homólogas españolas".

Por su parte, la PJ integrará las competencias de "vigilancia, inspección y control de fronteras aeroportuarias y terminales de cruceros" y "actuación en el ámbito de los procesos de remoción coercitiva y expulsión judicial de ciudadanos extranjeros, en los ámbitos de su jurisdicción".

La PJ tiene competencias reservadas en la investigación de los delitos de ayuda a la inmigración ilegal, asociación de ayuda a la inmigración ilegal, tráfico de personas y otros relacionados con estos delitos.