El proceso -que además de Portugal también se dirige a Bulgaria, Chipre, Grecia y Malta- se basa en problemas relacionados con la interconexión electrónica y el intercambio efectivo de información sobre antecedentes penales a través del Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS), así como en la notificación de todas las nuevas condenas y las actualizaciones de las mismas al Estado miembro de nacionalidad del infractor.

Según un comunicado del Ejecutivo comunitario, otro motivo de preocupación es el hecho de que las respuestas a las solicitudes de información sobre condenas no se dan en los plazos previstos, y todavía no hay respuesta.

Portugal tiene dos meses para notificar a Bruselas la correcta aplicación de las normas, so pena de pasar a la segunda fase del proceso de infracción.