Según un comunicado del Ejecutivo comunitario, Portugal ha cumplido parcialmente la sentencia, designando 61 lugares de importancia comunitaria como zonas especiales de conservación, "pero aún no ha adoptado los correspondientes planes de gestión, incluidos los objetivos y medidas de conservación".

Portugal tiene ahora algo menos de dos meses para responder a la carta y tomar las medidas necesarias, de lo contrario Bruselas puede llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y pedir sanciones económicas.

La sentencia, emitida el 5 de septiembre de 2019 tras un proceso de infracción, considera que "al no designar como zonas especiales de conservación 61 lugares de importancia comunitaria reconocidos por la Comisión Europea en la Decisión 2004/813/CE de la Comisión, de 07 de diciembre de 2004 [...] y al no adoptar las medidas de conservación necesarias que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales [...] la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben" en virtud de la Directiva Hábitats.