"Para completar con éxito la retirada de los residuos peligrosos depositados en las escombreras de las antiguas minas de São Pedro da Cova, se hace necesario recurrir de nuevo al mecanismo legal previsto en el CCP [Código de Contratación Pública], en lo que respecta a la ejecución de servicios complementarios más allá de las cantidades inicialmente previstas y autorizar un gasto adicional de dos millones de euros", señala el texto de la resolución.

Entre otras razones invocadas, la ordenanza justifica el gasto adicional porque el avance de las obras ha permitido detectar residuos peligrosos "fuera de la zona límite definida para la intervención, con parte de los residuos que se encuentran a lo largo de una larga pendiente, que era totalmente inaccesible en el momento de las prospecciones".

Según la ordenanza, también era "frecuente la aparición de varias masas ferrosas contaminadas, con una densidad unas cinco veces superior a la de la masa de residuos".

La retirada de estos residuos en esa parroquia del municipio de Gondomar, en el distrito de Oporto, comenzó en octubre de 2014, más de 10 años después del depósito, en una primera fase que concluyó en mayo del año siguiente, con la retirada de las primeras 105.600 toneladas.

A lo largo de los años, esta situación ha motivado preguntas y peticiones de los partidos políticos, así como iniciativas locales como vigilias, concentraciones y protestas, y el envío al primer ministro, António Costa, de miles de postales con la frase "Retirada total de los residuos peligrosos en São Pedro da Cova ya", acompañadas de imágenes que simbolizan señales de peligro.