"Tras el proceso de investigación, se abrió un procedimiento disciplinario, que está en curso. Los detalles de este procedimiento son confidenciales mientras se tramita", respondió el IRN a Lusa.

Investigación sobre Abramovich

En enero, la presidenta del IRN, Filomena Rosa, reveló que se había abierto una investigación sobre el proceso de naturalización de Abramovich en virtud de la ley judía sefardí, estimando entonces que la investigación estaría terminada en febrero y explicando que dicha investigación podría dar lugar a un proceso disciplinario, que ahora se confirma.

A principios de marzo, SIC había adelantado que la investigación del IRN había motivado la apertura de un proceso disciplinario por "presunto incumplimiento de funciones", sin especificar tampoco cuántos empleados y qué categorías estarían implicados en este proceso.

Detenciones

La investigación sobre el proceso de naturalización de Abramovich, que llevó a la detención del líder religioso de la Comunidad Judía de Oporto (CJP), el rabino Daniel Litvak, implicó la realización de registros y conlleva sospechas de varios delitos, a saber, tráfico de influencias, corrupción activa, falsificación de documentos, blanqueo de dinero, fraude fiscal cualificado y asociación delictiva, indicaron la Policía Judicial (PJ) y el Ministerio Público (MP) en un comunicado conjunto.

Según la dirección de la CIP/CJP, uno de sus miembros también fue procesado por los delitos de tráfico de influencias, fraude fiscal, lavado de dinero y falsificación de documentos.

Irregularidades

Se trata de presuntas irregularidades cometidas en procesos de concesión de la nacionalidad portuguesa a descendientes de judíos sefardíes, que están siendo investigadas. Los judíos sefardíes son originarios de la Península Ibérica expulsados de Portugal en el siglo XVI.

Entre el 1 de marzo de 2015 y el 31 de diciembre de 2021, se aprobaron 56.685 procesos de naturalización para descendientes de judíos sefardíes de un total de 137.087 solicitudes que se presentaron en los servicios del Instituto de Registros y Notariado (IRN).

Según los datos enviados a Lusa en febrero por el Ministerio de Justicia, sólo 300 casos no fueron aprobados durante este periodo, quedando así, según los datos registrados a finales del año pasado, 80.102 solicitudes pendientes.