En un comunicado, el Ejecutivo comunitario recuerda que en enero de 2019 abrió un procedimiento de infracción por supuesta violación de la legislación de la UE sobre la libre circulación de trabajadores, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, así como de la directiva (derecho comunitario) sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, habiendo enviado un dictamen motivado a Lisboa en febrero de 2020, "seguido de un diálogo permanente con las autoridades portuguesas".

"Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades portuguesas no han respondido a las cuestiones planteadas, por lo que la Comisión decidió interponer un recurso contra Portugal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", anuncia el Ejecutivo de Bruselas.

Facilitar el trabajo

La Comisión subraya que "las citadas normas de la UE han contribuido a la creación de un sistema moderno de reconocimiento de las cualificaciones y la experiencia profesionales en toda la UE" y "facilitan a los profesionales la prestación de sus servicios en diferentes Estados miembros, garantizando al mismo tiempo un nivel máximo de protección de los consumidores y los ciudadanos".

"De acuerdo con la legislación de la UE [...] los ingenieros civiles cuyo título sanciona el inicio de su formación, como máximo, en los años académicos 1987/1988 tienen derecho a seguir realizando proyectos de arquitectura en Portugal"La Comisión señala que estos diplomas figuran en un anexo de la directiva sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, y subraya que "se acordó que estos diplomas cumplían las normas suficientes para conferir derechos adquiridos y, por lo tanto, los demás Estados miembros de la UE y del Espacio Económico Europeo, como Suiza, deberían reconocer automáticamente sus cualificaciones".

Según la Comisión, "la legislación portuguesa establece que estos derechos adquiridos dependen del cumplimiento de condiciones restrictivas que van más allá de las normas de la UE", por lo que "varios ingenieros que no cumplan estas nuevas condiciones previstas en la legislación portuguesa verán restringidos sus derechos de libre circulación".