"Estamos trabajando, tomando el ejemplo de Lisboa, [para] que las competencias de imposición de la velocidad en los espacios urbanos, dentro de los pueblos y dentro de las ciudades, puedan ser realizadas por los ayuntamientos", dijo Carlos Miguel a los periodistas el 9 de septiembre.


El gobernador habló tras la clausura de la conferencia sobre movilidad urbana sostenible "Ciudades que caminan", organizada por el Instituto de Ciudades y Pueblos con Movilidad (ICVM), que se celebró los días 8 y 9 de septiembre en la Fundación Manuel António da Mota.


Según Carlos Miguel, la idea es que la supervisión pueda hacerse "a través de radares, con la colaboración de los inspectores municipales, o con la colaboración de la PSP o la GNR a través de un protocolo, como se hace hoy en día con la supervisión del aparcamiento".


Preguntado por los plazos de esta medida de descentralización de competencias, y reconociendo que está siendo "muy optimista", estimó que "hasta finales de este año" habrá condiciones para tener la "fase de diálogo cerrada" y propuestas para su discusión en el Consejo de Ministros.


"Seguimos trabajando en ello y tenemos que dialogar con otros ministerios, concretamente con el de Administración Interior", dijo Carlos Miguel, que tiene la tutela de los municipios en el Ministerio de Cohesión Territorial.


Carlos Miguel puso como ejemplo la implantación de la velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, o la instalación de badenes y otras medidas urbanas.


Cuestionado sobre si esta medida está incluida en un nuevo paquete de medidas de descentralización, Carlos Miguel lo rechazó, hablando "de una competencia específica", y admitió que se realizará un estudio paralelo en.


Dijo que aún no se había abordado el tema de los costes de descentralización de esta medida, pero estimó que "es algo que para los municipios no será un gran problema".


"Si tomamos como ejemplo Lisboa, es una inversión asumible en un corto espacio de tiempo. No creo que ese sea el problema", dijo a los periodistas, en referencia a los ingresos por multas.


Más avanzado está "el proceso de multas derivadas del aparcamiento", cuyas competencias el Gobierno pretende que los ayuntamientos puedan delegar en las Comunidades Intermunicipales (CIM), "con ganancias de eficiencia e incluso monetarias".


"Es algo que se va a producir muy pronto", dijo Carlos Miguel a los periodistas.


El gobernador cree que la medida será algo que "saldrá adelante", ya que la ANMP "está totalmente a favor".