En la carta dirigida al comisario europeo de Energía, Kadri Simson, los ministros responsables de Energía de los Estados miembros suscritos piden al Ejecutivo comunitario que presente una propuesta para limitar el precio del gas natural -que no sea el importado de Rusia- para que se discuta en el Consejo de Energía extraordinario del 30 de septiembre, seguida de una propuesta legislativa lo antes posible".

El Consejo del viernes pretende, sobre todo, un acuerdo político en torno a un reglamento con medidas de emergencia para hacer frente a la subida de los precios de la energía, tras las propuestas ya presentadas este mes por la Comisión dirigida por Ursula von der Leyen.

Estas propuestas, sobre las que parece haber un acuerdo el viernes, según fuentes europeas, incluyen un impuesto del 33% sobre los beneficios excesivos de las empresas de combustibles fósiles, que se convertiría en una "contribución solidaria", un tope para los beneficios de las empresas que produzcan electricidad con bajos costes (renovables), y planes de reducción del consumo eléctrico, voluntarios (10% para la demanda general), y obligatorios (5% en "horas punta").

Sin embargo, un amplio abanico de países defiende que se tomen también medidas para imponer un techo al precio del gas natural, que califican como "el problema más grave de todos", argumentando que tal medida, "solicitada por un número creciente de Estados miembros, es la que ayudará a cada Estado miembro a mitigar la presión inflacionista, gestionar las expectativas y proporcionar un marco en caso de posibles interrupciones del suministro, así como limitar las ganancias inesperadas en el sector".

Los gobiernos de Bélgica (promotora de la iniciativa), Italia, España, Portugal, Polonia, Grecia, Malta, Lituania, Letonia, Eslovenia, Croacia y Rumanía -que aún esperan recabar más apoyos- dicen "reconocer los esfuerzos realizados por la Comisión y las medidas que ha presentado para hacer frente a la crisis", pero sostienen que es necesario afrontar "el problema más grave de todos", imponiendo un precio máximo al gas, para todas las transacciones, y no sólo para "las importaciones de jurisdicciones específicas", descartando así la imposición de un precio sólo para el gas importado de Rusia.

Los países argumentan que este "techo" "puede ser diseñado para garantizar la seguridad del suministro y el libre flujo de gas en Europa, al tiempo que se alcanza el objetivo común de reducir la demanda de gas".