La "alerta roja" no es una orden de detención internacional, sino una "solicitud a las fuerzas policiales de todo el mundo para que localicen y detengan preventivamente a una persona en espera de su extradición, entrega o acciones legales similares". Esta alerta se ha emitido a petición de las autoridades angoleñas,

La hija del ex presidente angoleño es buscada, según Lusa, como sospechosa de "delitos de malversación, fraude calificado, participación ilegal en negocios, asociación delictiva y tráfico de influencias, blanqueo de dinero", con una pena máxima de 12 años de prisión.

El mismo documento indica también que el angoleño suele estar entre Portugal, el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos.

Entre 2015 y 2017, Interpol explica que Isabel dos Santos creó mecanismos financieros "con la intención de obtener ganancias financieras ilícitas y blanquear operaciones criminales sospechosas", a través de "información sobre dinero público del Estado angoleño" que obtuvo como administradora de la petrolera estatal Sonangol. Se afirma que perjudicó al Estado angoleño en más de 200 millones de euros.

Isabel Santos, en varias entrevistas, afirma que está siendo víctima de una "persecución política" en su país de origen. "No hay duda de que estamos ante un escenario de persecución política. Mirando a Angola y su sistema jurídico, es fácil entender que el Fiscal General de la República recibe órdenes directamente del Presidente João Lourenço. Creo que hay una venganza política y una persecución política contra mí y mi familia", dijo en una entrevista con CNN Portugal.