El acuerdo eleva las ambiciones del actual mercado de carbono de la UE, eliminando gradualmente los "derechos de contaminación" gratuitos concedidos a la industria.

Al mismo tiempo, prevé gravar las emisiones de la calefacción de los edificios y el transporte por carretera, con un tope de precios para no gravar a las familias, según una declaración del Parlamento Europeo sobre el acuerdo alcanzado tras unas 30 horas de duras conversaciones.

Para cubrir las emisiones de dióxido de carbono (CO2), los productores de electricidad y las industrias de alto consumo energético (acero, cemento, etc.) de la UE deben adquirir actualmente "permisos de contaminación" en el marco del Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión (ETS), creado en 2005 y aplicable al 40% de las emisiones del continente.

Según los términos del acuerdo, se acelerará el ritmo de reducción de los derechos propuestos, con una reducción del 62% para 2030 en comparación con 2005 (y el objetivo anterior del 43%), lo que significa que las industrias afectadas estarán obligadas a reducir sus emisiones en un 62%.

El mercado del carbono se ampliará progresivamente al sector marítimo, a las emisiones de los vuelos en el espacio europeo, para los que se suprimirán los derechos gratuitos que se asignan actualmente, y a partir de 2028 a las incineradoras de residuos (a reserva de un acuerdo favorable estudio de Bruselas).

A cambio de introducir un "impuesto sobre el carbono" en las fronteras, la UE eliminará gradualmente los derechos de emisión gratuitos entregados hasta la fecha a los fabricantes europeos para que puedan competir con las empresas no europeas.

Al menos el 48,5% de estos "derechos a contaminar" gratuitos se suprimirán de aquí a 2030 y desaparecerán por completo en 2034, un calendario que ha sido objeto de acaloradas disputas entre los eurodiputados y los Estados miembros.