La estructura sindical, en un comunicado enviado a la agencia Lusa, subraya que "el proceso de reestructuración del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF) y la atribución de competencias a la PSP deberá ir acompañado de los recursos necesarios", ya que "la situación está siendo llevada al límite".

En el ámbito de la reestructuración del SEF, aplazada hasta la creación de la Agencia Portuguesa de Migraciones y Asilo (APMA), las competencias policiales de ese organismo pasaron al PSP, la GNR y el PJ, mientras que las actuales funciones en materia administrativa sobre ciudadanos extranjeros son ejercidas ahora por la APMA y por el Instituto de Registros y Notariado.


"Totalmente inapropiado"


La Asociación Sindical de Profesionales de la Policía considera que "la gestión de este proceso es totalmente inapropiada y provoca diariamente limitaciones de seguridad en el Aeropuerto de Lisboa".

"Los policías que están siendo desviados de su misión a los servicios del SEF malversan la responsabilidad operativa de la PSP en el acto. Los profesionales de la PSP son colocados en otros servicios y formación en contra de su voluntad. Se hicieron varias invitaciones a la División de Seguridad Aeroportuaria que no colmaron las lagunas existentes. La falta de atractivo de la función está relacionada con la exigua y diferente remuneración de quienes desempeñan idénticas funciones", afirma la asociación sindical.

La ASPP/PSP afirma que muchos de los profesionales que trabajan en la división de seguridad aeroportuaria (DSA) ya han pedido su baja, pero han visto cómo se rechazaban sus reclamaciones.

"Esta es la realidad rutinaria de la DSA. Los profesionales de la PSP no tienen el don de la omnipresencia - no pueden estar en dos, o más lugares, al mismo tiempo", subraya la estructura, añadiendo que "las respuestas a las preguntas planteadas por la ASPP/PSP - a través de varias oficinas - insisten en no presentarse, desconociendo este sindicato las razones de esta ausencia".

La reestructuración del SEF fue decidida por el anterior Gobierno y aprobada por la Asamblea de la República en noviembre de 2021, habiendo sido ya aplazada en dos ocasiones.