Una de las propuestas sobre la mesa es que se mantengan los Golden Visas, pero sólo para inversiones que no impliquen inmuebles, como transferencias de capital, inversión en empresas o creación de empleo, según Negócios.

El programa Visado de Oro (ARI), que permite a los extranjeros invertir en vivienda y obtener así un visado de residencia, lleva tiempo envuelto en la polémica y ha ganado aún más mala prensa con el crecimiento de los problemas inmobiliarios, con acusaciones de que fomenta la especulación inmobiliaria y contribuye a la subida de precios en el mercado inmobiliario.

El actual Gobierno ya ha restringido considerablemente la inversión inmobiliaria mediante el régimen Golden Visa y desde enero del año pasado sólo es posible utilizarlo para la adquisición de viviendas situadas fuera de los grandes centros. Básicamente, ahora la compra de viviendas sólo es admisible a efectos de obtención del visado de residencia si están situadas en los territorios del interior o en las Regiones Autónomas de Azores y Madeira, dejando fuera a Lisboa y Oporto, las zonas tradicionalmente más atractivas para los inversores extranjeros.

Sin embargo, esta restricción no ha sido suficiente y los inversores no han tardado en buscar la forma de sortear las nuevas normas, según informa Negócios.

De tal forma que la inversión captada a través de los visados oro en 2022 ascendió a 654,2 millones de euros, lo que supone un aumento del 41,9% respecto al año anterior, según las cuentas realizadas por Lusa a partir de los datos del SEF.

El pasado mes de octubre, durante el debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2023, el ministro de Economía, António Costa Silva, dijo que el Gobierno estaba creando un grupo de trabajo con los ministerios de Economía, Asuntos Exteriores y Administración Interna para evaluar el fin del programa.

La idea, ahora, será desechar definitivamente el régimen inmobiliario, pero mantener otros tipos de inversión que, como demuestran las estadísticas, son mucho menos populares.

De un total de 11.535 ARI concedidas a finales de 2022, 10.593 fueron bajo el criterio de adquisición de inmuebles, con una inversión total de 6.041 millones de euros, de los que 534,1 millones corresponden a la compra para rehabilitación urbana, con 1.485 ARI .

El criterio de transferencia de capital supuso la atribución de 920 visados (por un importe de 712 millones de euros) y el de creación de empleo suma la atribución de 22, con la creación de otras tantas empresas en diez años, cuatro de las cuales ya han sido liquidadas entretanto, según informa Público.