En un comunicado, ASAE explica que las autoridades no encontraron ningún registro del operador en cuestión en laDirección General de Alimentación y Veterinaria(DGAV), "ni disponía de documentos que permitieran la trazabilidad del producto existente (pulpo), condiciones obligatorias para el ejercicio de la actividad y la realización de comercio intracomunitario".

Las 8,5 toneladas de pulpo, tanto fresco como congelado, fueron sometidas a un examen macroscópico directo.

El veterinario "consideró que, de las 8,5 toneladas de pulpo fresco y congelado incautadas, 6,5 toneladas no habían sufrido alteraciones organolépticas y reunían los requisitos sanitarios necesarios para el consumo humano, habiendo determinado su donación al Banco Alimentar Contra Fome de Faro, para su consumo inmediato".

Las restantes 1,5 toneladas de pulpo incautado no superaron las pruebas requeridas y las autoridades llevaron a cabo "su destrucción en una Unidad de Transformación de Subproductos legalmente autorizada."