El pasado jueves, al término de un Consejo de Ministros dedicado a la respuesta en materia de vivienda, António Costa dijo que su Gobierno adoptará medidas de apoyo a las familias y a la economía a finales de esta semana y que se calibrarán en función de los datos definitivos de la ejecución presupuestaria de 2022.

"Cuando conozcamos ya los datos definitivos de la ejecución presupuestaria del año pasado, tendremos una idea de cuál es el margen para apoyar más a las familias y a la economía en función de las necesidades y de la evolución de la situación", dijo el líder del Ejecutivo.

El último debate sobre política general, en la Asamblea de la República, tuvo lugar el 11 de enero, después de que el Gobierno atravesara casi dos semanas de crisis interna, especialmente con las dimisiones del ministro de Infraestructuras y Vivienda, Pedro Nuno Santos, y de varios secretarios de Estado tras la polémica indemnización de medio millón de euros pagada a Alexandra Reis para que cesara en sus funciones de administradora de la TAP.

Ahora, cuando el primer trimestre del año está a punto de terminar, el conjunto de respuestas a la actual situación de inflación persistentemente elevada, en particular a nivel de los alimentos, debería ser uno de los temas dominantes de discusión en este segundo debate de 2023.

"Por parte del Gobierno, nos corresponde gestionar bien, mostrar atención a los problemas que surjan y tener capacidad de respuesta", dijo a Lusa un miembro del Ejecutivo, poniendo como ejemplo el programa de medidas en marcha para el sector de la vivienda.

En cuanto a las respuestas para paliar los efectos de la inflación, el Gobierno ha señalado que a lo largo de 2022 destinó más de 6.400 millones de euros, con programas adoptados en el primer semestre del año, luego en octubre y diciembre, además de la adopción de medidas para contener los precios de los carburantes, la electricidad y el gas.

Por otro lado, sobre el clima de contestación social, por parte del ejecutivo socialista, se señala que siguen en marcha las negociaciones con el profesorado sobre la "mitigación de las asimetrías derivadas de los años de congelación de la carrera profesional", sobre la reducción de la burocracia en los centros educativos, en torno al tema del montepío, entre otros.

"Para la administración pública se busca una valorización dentro del margen financiero posible, a través de una visión transversal, asumiendo que es importante mirar con otra atención a las carreras generales, después de todo, las que han revelado menor poder reivindicativo a lo largo de los años", dijo el miembro del Gobierno.

La semana pasada, el PSD, a través de su líder, Luís Montenegro, instó a António Costa a tomar el proceso de los profesores en sus propias manos, al considerar que el Ministro de Educación demuestra que "no tiene argumentos" para superar esta inestabilidad - una posición que este lunes fue repetida posteriormente por el presidente de Chega, André Ventura.

Como respuesta a los altos precios que se cobran en el mercado de la vivienda, el PSD avanzó un programa alternativo al del Gobierno, que fue posible gracias a la mayoría socialista en el Parlamento.

Además, en materia de lucha contra la inflación, propusieron la creación de un programa extraordinario para saldar este año las deudas tributarias y con la Seguridad Social, cuya recaudación se aplicaría íntegramente a medidas sociales.

Entre otras medidas, el PSD quiere que el Gobierno avance en un programa de regularización para los deudores con la Agencia Tributaria (AT) y la Seguridad Social del mismo modo que se hizo en 2016 -entonces por motivos presupuestarios-, permitiendo el fraccionamiento de las deudas, con la reducción de multas e intereses de demora.

El PSD propone que los ingresos de este programa tengan cuatro finalidades: apoyo a todos los ciudadanos en vida laboral con ingresos hasta el tercer nivel del IRS (unos 1.300 euros al mes, estimó el líder parlamentario); apoyo a todos los pensionistas y jubilados que ganen hasta 2,5 el valor del IAS (Índice de Apoyo Social, unos 1.200 euros); reducción del IRS para la clase media (4º, 5º y 6º nivel del IRS) y reducción temporal del IVA de la electricidad y el gas al tipo mínimo del 6%.

Chega, por su parte, contra la inflación, pretende limitar al 15% el margen de beneficio de la venta de productos alimenticios de primera necesidad durante seis meses, al considerar que el precio de los alimentos constituye actualmente "un asalto a los bolsillos de los portugueses".

Para combatir la inflación, el PCP insiste en que es necesario fijar los precios de los bienes esenciales, sin ceder al "chantaje" de "estanterías vacías en los supermercados" hecho por aquellos que "nunca tuvieron que enfrentarse a estanterías vacías en los frigoríficos."

"Los precios siguen subiendo, la especulación es cada vez más visible y por mucho tiempo" el PCP denuncia esta situación, dijo el líder comunista, Paulo Raimundo.

Por su parte, el Bloque de Izquierda acusa al Gobierno de haber incumplido "todas las promesas" sobre el aumento de los ingresos de los trabajadores.

"Estamos en marzo, no hay aumentos en ninguna parte, ni en lo público ni en lo privado. La economía está cada vez más desequilibrada y es cada vez más desigual. El Gobierno ha incumplido todas las promesas y la gente se manifiesta en nombre de algo tan sensato como unos salarios que les permitan llegar a final de mes", afirma la coordinadora del Bloco, Catarina Martins.

En los últimos días, Iniciativa Liberal ha centrado su oposición al programa Más Vivienda anunciado por el Gobierno, al considerar que "tendrá consecuencias muy graves para el país" al minar la confianza y poner en peligro la seguridad jurídica.

"El Gobierno ha cometido un gravísimo error con este paquete de Más Vivienda. Ha sido muy mal recibido. Aplicado tendrá consecuencias muy graves para el país ", dijo el presidente de la Iniciativa Liberal, Rui Rocha.

Los liberales también han acusado al Ejecutivo socialista de "falta de voluntad política" para realizar inversiones en el ferrocarril, de hacer "muchas promesas" y de revelar una "deficiente ejecución".