"El informe de la Inspección Regional de Turismo muestra que el número de establecimientos de alojamiento detectados en situación ilegal ha ido disminuyendo, de forma constante, desde 2018, y que en 2022 se alcanzó la cifra más baja desde 2015, incluso ante un aumento de la oferta y la demanda", subraya Berta Cabral, secretaria autonómica que tutela el sector.

La responsable regional considera que "es una señal positiva, porque, en la práctica, esto podría suponer una disminución de la economía paralela, es decir, habrá más empresas que contribuyan al bien común y cada vez serán menos las que busquen competir de forma desleal".

Asimismo, el número de denuncias ha mostrado una tendencia a la baja desde 2018, ya que en 2022 sólo se registraron 188 denuncias, frente a las 317 de 2018, las 277 de 2019 y las 203 de 2021.