Los datos fueron dados a conocer por la Comisión Europea en un informe anual sobre el control de la aplicación del derecho de la UE, publicado el 23 de julio, en el que la institución indica que ha iniciado un total de 903 nuevos casos contra los Estados miembros (incluyendo también el Reino Estados Unidos), un aumento del 13% en comparación con 2019, cuando el número de nuevos casos fue de 797.

Portugal fue el responsable del mayor número de nuevos casos, al haber recibido 55 avisos de Bruselas en 2020, el mismo nivel que el Reino Unido (con 55), que, sin embargo, ya no forma parte del espacio comunitario.

Y, según Bruselas, 42 nuevos casos de infracción contra Portugal debido a la tardía incorporación de la legislación comunitaria al derecho nacional portugués, que fue el país con más retrasos en esta materia.

Frente a las advertencias del Ejecutivo comunitario, Portugal acabó resolviendo algunos de estos casos dentro del plazo dado por Bruselas, lo que evitó que algunos casos llegaran a los tribunales. Y no fue el país de la UE con más casos de infracción abiertos a finales de 2020.

Ese puesto lo ocupaban antes Bulgaria, Italia, Malta y Grecia, que tenían el mayor número de nuevos casos abiertos por promulgación o aplicación incorrecta del Derecho de la UE el año pasado, mientras que Dinamarca, Finlandia, Irlanda y los Países Bajos tenían los más bajos.

En total, a finales del año pasado, Portugal tenía 73 expedientes de infracción abiertos (teniendo en cuenta los de 2020 y los de años anteriores), 31 de ellos por promulgación tardía de directivas comunitarias, 28 por aplicación incorrecta y 14 por incumplimiento de leyes o reglamentos europeos en decisiones nacionales.

Hace exactamente un año, en julio de 2020, la Comisión Europea decidió incoar un expediente de infracción contra Portugal y otros nueve Estados miembros por infringir las leyes de la UE sobre los derechos de los pasajeros, concretamente debido a la emisión de vales en lugar de reembolsos, en el contexto de Covid-19.

En el ámbito de la fiscalidad del automóvil, la Comisión Europea decidió el año pasado recurrir al Tribunal de Justicia contra Portugal por las normas discriminatorias del impuesto de matriculación, que afectan a quienes compran coches usados en otros países de la UE.

El ejecutivo comunitario también decidió avanzar contra Portugal y otros dos países de la UE por no haber aplicado medidas contra las prácticas de evasión fiscal que afectan directamente al funcionamiento del mercado único.

Estos dos ejemplos se destacan en el informe de la Comisión Europea.

Los Estados miembros de la UE son responsables de garantizar, de forma adecuada y oportuna, la incorporación de la legislación europea a su ordenamiento jurídico nacional, así como de su aplicación y cumplimiento.

Corresponde a la Comisión Europea supervisar si los países aplican correctamente esta legislación y adoptar medidas si los países no lo hacen adecuadamente.