Esta nueva ley reduce la multa por impago de peajes a un valor mínimo "correspondiente a cinco veces el valor del peaje respectivo, pero nunca inferior a 25 euros" y "un valor máximo correspondiente a dos veces el valor mínimo de la multa", es decir, 50 euros. Sin embargo, no empezará a surtir efecto hasta el 1 de julio de 2024.

Otro cambio es que, si las infracciones son cometidas por la misma persona, en el mismo mes, utilizando el mismo vehículo y en la misma infraestructura viaria, el "valor máximo de la multa corresponde al de una sola infracción administrativa", el valor mínimo "corresponde a la acumulación de las tarifas de peaje, y no se podrán imputar costes superiores a los correspondientes a una sola infracción administrativa".

En mayo, el Defensor del Pueblo abrió 45 procedimientos de investigación en profundidad a raíz de las quejas sobre el pago de peajes recibidas en 2022, en las que se impugnaba, sobre todo, la desproporcionada cuantía exigida y la falta de contacto previo para el pago.