Según el alcalde del municipio, Hélder Guerreiro, desde el inicio del proceso de legalización de los alojamientos en fincas, ya se han aprobado 18 Instalaciones de Alojamiento Temporal Removible (IATA), "pero hay algunas que todavía son ilegales en el territorio".

"El Gobierno, la Cámara y todas las entidades, [entre ellas] el Parque Natural [del Sudoeste Alentejano y Costa Vicentina], hicieron un esfuerzo extraordinario para encontrar una legislación para estas soluciones de alojamiento para trabajadores temporales", dijo.

Sin embargo, y aunque hay empresas que también hicieron "un esfuerzo inversor extraordinario" para instalar IATAS en sus explotaciones, hay otras que "ni siquiera hicieron esa inversión", explicó.

Para el alcalde, las empresas que "no quisieron legalizarse" están "haciendo una competencia totalmente desleal e ilegal".

"El ministro [de Agricultura] ya lo sabe, el secretario de Estado lo sabe y nosotros ya hemos manifestado varias veces, en la reunión periódica que tenemos en el grupo del proyecto Mira, que vamos a actuar judicialmente en este sentido", reveló.

Según Hélder Guerreiro, que hablaba a los periodistas en la Feria de Actividades Culturales y Económicas del municipio de Odemira(FACECO), la inversión en IATAS para cerca de 150 trabajadores representa una inversión de más de un millón de euros.

Cuestionado sobre el recurso a los tribunales para acabar con los alojamientos temporales ilegales, el socialista Hélder Guerreiro aseguró que el ayuntamiento exigirá la demolición de lo construido.

"No se quisieron legalizar, no se legalizaron y, por ahora, algunos de ellos que ni siquiera pueden, según la ley, estar en ese lugar tienen que salir de allí", subrayó el alcalde, poniendo como ejemplo una exploración en la parroquia de Zambujeira do Mar, "un caso claro e inequívoco" de ilegalidad.

La instalación de alojamientos temporales en las explotaciones es una de las medidas previstas en una resolución del Consejo de Ministros y en los acuerdos firmados entre el Gobierno, las empresas agrícolas y el Ayuntamiento de Odemira para resolver la cuestión del alojamiento de los temporeros.