En algunos casos, hay retrasos en la reagrupación familiar -en los que los estudiantes ya están cursando la enseñanza obligatoria en Portugal, pero aún no se ha completado el proceso-, retrasos en la certificación de documentos y otras situaciones, como problemas de dirección o documentación por finalizar.

Herman Aguiar es uno de estos casos. El joven angoleño terminó sus estudios secundarios en Portugal y, debido a que vivía en una residencia de estudiantes, la dirección no fue considerada permanente por la universidad y tuvo que entrar como estudiante internacional.

"Hice los exámenes nacionales, pero me incluyeron en el cupo de estudiantes extranjeros y estoy pagando la matrícula íntegramente", explica este estudiante de Comunicación Social, en Lisboa, que cuenta con la ayuda de sus padres, en Angola, para sufragar los gastos de matrícula.

"Es muy difícil, pero mi familia está haciendo un esfuerzo para tener un hijo con formación europea", dijo a Lusa.

El valor de las matrículas internacionales oscila entre tres mil y siete mil euros al año, una cantidad inasequible para Pamela Stoffel, una brasileña de 19 años que lleva en Portugal desde octavo curso.

"Tenía cuatro permisos de residencia anteriores" y "no tenía tiempo legal continuado" para ser considerada estudiante nacional, dos años.

"La cantidad es imposible de pagar para mí" y "tuve que esperar otro año" para cumplir los requisitos para solicitar el curso de Servicios Jurídicos en el Instituto Politécnico de Leiria.

"Nada de esto tiene sentido. Llevo aquí desde octavo curso, tengo origen portugués y amigos portugueses, y vivo en Portugal. ¿Y se me considera estudiante internacional?" - se preguntó.

Geraldo Oliveira, director de la asociación Global Diáspora, se ha dedicado a apoyar a los inmigrantes, con especial énfasis en los intercambios internacionales de estudiantes.

El directivo señaló la discrecionalidad de las instituciones educativas, que muchas veces optan por condicionar el acceso de los estudiantes, de acuerdo con el decreto-ley del 10 de marzo de 2014, que regula el estatus de los estudiantes internacionales, y que "está desactualizado".

"En cuanto al acceso a la educación superior, la mayor limitación en estos días se debe a la necesidad de tener dos años de residencia legal en el año en que el estudiante accede a la educación superior", explicó.

También hay casos de procesos de residencia de los padres que tardaron cuatro años en finalizar y "todavía no ha sido posible reagrupar a los hijos", que estudian en escuelas portuguesas.

"Acompaño a hijos de inmigrantes legales que no han conseguido reagruparse" y "tengo casos de alumnos que llevan varios años estudiando en Portugal", pero no están integrados en una familia, por lo que nunca han conseguido regularizarse.

Incluso en los casos en que los jóvenes sólo poseen un visado de estudiante -para la enseñanza secundaria-, éste no garantiza el acceso a la enseñanza superior como candidato nacional, y "está sujeto al pago de 697 euros de matrícula".

El coste de la matrícula aleja a muchos de estos jóvenes de la enseñanza superior: "aunque tengan buenas notas en los exámenes nacionales, estos estudiantes se quedan rezagados".

A estos jóvenes se les informa de que sólo pueden competir como estudiantes internacionales en el momento de la matrícula, donde tienen un plazo para presentar una dirección y documentos que acrediten su regularización.

"Casi todos saben cuándo van a inscribirse. Ya han recibido sus notas, ya han entrado y es en el momento de la inscripción cuando se encuentran con una situación que no habían previsto", afirmó.

"Tiene que haber información y una atención especial por parte de la sociedad", advirtió el dirigente.

"Si no alertamos a estos estudiantes y a los responsables de su educación, corremos el riesgo de formar una mano de obra poco cualificada" porque entonces no podrán continuar sus estudios, debido al coste de las matrículas, añadió Geraldo Oliveira.

"Hay universidades que facilitan los plazos y otras que no. Debe haber una norma única para estos casos", subrayó, argumentando que las condiciones de acceso deben incluir "no el tiempo legal de estancia, sino el tiempo de asistencia a una escuela portuguesa".