"[...] Más del 92% de los propietarios encuestados cree que el Gobierno volverá a impedir que los alquileres se actualicen en los términos previstos en la ley", indicó, en un comunicado, la asociación, que añadió que, en 2024, "seguramente será superior al 7%".

Casi la mitad de los propietarios defendió que, si el Gobierno vuelve a intervenir en este asunto, "se reflejará en su continuidad en este mercado".

Por su parte, el 42,4% dijo que su confianza se verá afectada, pero "ya están acostumbrados a este tipo de arbitrariedades".

Siempre en relación con la actualización de los alquileres, el 5% utiliza otras formas, como porcentajes o aumentos preestablecidos, mientras que menos del 1% tiene contratos de arrendamiento a corto plazo no renovables.

Para el 37% de los propietarios, las pérdidas de renta y la absorción del impacto de la inflación no deberían recaer sobre ellos, por segundo año consecutivo.

Así, sostienen que el Gobierno debería conceder ayudas a los inquilinos necesitados "que no pueden soportar los incrementos de la inflación legal sobre el valor de su alquiler".

Según la misma nota, el 19,4% de los encuestados considera que el Gobierno debería sentarse a la mesa con los representantes de propietarios e inquilinos para establecer un acuerdo sobre la actualización de los alquileres para 2024.

"La actualización de los alquileres a 2024 es una incertidumbre más que planea sobre el arrendamiento [...]. Miles de arrendadores portugueses fueron los únicos agentes económicos que sufrieron la fijación de precios y sólo serán parcialmente compensados por el brutal aumento del coste de la vida de 2023 en el IRS de 2024, con el anunciado crédito fiscal que, como denunció la ALP, no cubre totalmente las pérdidas", dijo el presidente de la asociación Luís Meneses Leitão.