En una nota enviada a Lusa, el sindicato que representa a los inspectores del extinto Servicio de Extranjería y Fronteras y que actualmente trabajan en la PJ sostiene que los profesionales de la Policía Judicial que investigan y combaten el tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal deberían tener acceso directo a las bases de datos con las que trabajaban en su antiguo servicio.

Sólo así, según el sindicato, la PJ podrá "ser más eficaz en la lucha contra las redes de traficantes y explotadores y en la liberación y protección de las víctimas de su actividad delictiva".

Con el fin del SEF, en octubre del año pasado, las bases de datos pasaron a ser gestionadas por la Agencia de Integración, Migraciones y Asilo(AIMA), en lo que se refiere a la documentación para la obtención del permiso de residencia y todo lo que sirve de soporte para la expedición de documentos a los inmigrantes, y por la Unidad de Coordinación de Fronteras y Extranjería, que opera bajo la autoridad del secretario general del Sistema de Seguridad Interior y dispone de las bases de datos policiales y de control de fronteras.

"Parte de la eficacia de la investigación en el SEF resultó de tener, bajo la misma entidad, toda la información relativa al viaje de los ciudadanos extranjeros en Portugal: entrada, alojamiento, estancia, relaciones de trabajo, solicitudes realizadas, la documentación presentada, los documentos emitidos y la salida del territorio nacional", dijo a Lusa el presidente del SPIC-PJ, Rui Paiva.

Según el sindicato, la eficacia también se debía a la posibilidad que tenían los inspectores de analizar y combinar toda la información disponible, detectando patrones de anomalías que, en muchos casos, llevaban a la conclusión de que determinados ciudadanos extranjeros estaban siendo explotados por organizaciones criminales.

Acceso directo

"Lo que ocurrió con la transición de los antiguos inspectores del SEF a la Policía Judicial es que se les quitó una de las herramientas más importantes que tenían: el acceso directo a toda la información que pertenecía al SEF", afirmó Rui Paiva.

El dirigente sindical sostuvo que "sin el acceso a esta información y a la documentación respectiva, ahora es imposible garantizar en la Policía Judicial los niveles de excelencia que hicieron famoso a Portugal, tanto en la investigación de la delincuencia organizada y transnacional asociada a la trata de seres humanos como en la protección de las víctimas" .

El SPIC-PJ también rebate "a aquellos que, desde el Gobierno, defienden que los inspectores de la PJ se limiten a pedir la información o documentación que necesiten a la AIMA o al Sistema de Seguridad Interna, entidades que ahora operan con las antiguas bases de datos del SEF, que se actualizan con nuevos datos todos los días".

"Cualquiera se da cuenta de que es muy diferente tener acceso directo a las bases de datos, y poder buscar en ellas libremente, o enviar un 'email' formal a AIMA o al SSI, con una petición, esperar varios días y luego recibir información poco precisa de alguien que la recogió sin saber realmente lo que buscaba", dijo Rui Paiva.

Para el presidente del sindicato, esta situación "no sirve a los intereses nacionales de la Unión Europea" y "mucho menos a los inmigrantes", beneficiando "a las redes mafiosas que explotan a los extranjeros en Portugal".