Tal y como mantiene el Ministerio de Justicia, esta ordenanza pretende "simplificar y flexibilizar" las comunicaciones y el intercambio de información entre los juzgados, el Ministerio Fiscal y los servicios de registro, concretamente mediante el envío de solicitudes de registro por parte de los juzgados, contribuyendo a los objetivos establecidos en el Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), en referencia a la disponibilidad de la nueva Plataforma Integrada de Servços para Empresas-Empresa 2.0.

"Esto permitirá ahorros significativos para las secretarías judiciales, el Ministerio Público y los Notarios", afirma la ordenanza firmada por el Secretario de Estado de Justicia, Pedro Tavares.

El sistema facilitará el intercambio de información y la realización de actos de forma totalmente desmaterializada, por vía electrónica, prescindiendo de cualquier actividad manual de digitalización o tramitación de documentación entre juzgados, Fiscalía y registro.

El Ministerio de Justicia ha recordado también que la interoperabilidad entre los sistemas de información de las instituciones públicas es "una de las herramientas más adecuadas para garantizar tanto la reducción de cargas a particulares como a empresas", cumpliendo así con "el principio de buena administración, en su vertiente de eficiencia, que supone la exención de entrega de documentación que ya obra en poder de las instituciones públicas, o la mejor gestión de los recursos humanos y materiales del sistema de justicia".

En la elaboración de este diploma fueron consultados el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Superior de los Tribunales Administrativos y Fiscales, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Protección de Datos, el Colegio de Abogados, Procuradores y Agentes Ejecutores.