Los dos hermanos, originarios de Europa del Este, están acusados de tráfico de personas, ayuda a la inmigración ilegal y falsificación de documentos, mientras que las dos empresas están acusadas de asociación para ayudar a la inmigración ilegal, según el Servicio de Extranjería y Fronteras (SEF).

En un comunicado, el SEF señala que, tras una investigación, los cuatro acusados han sido imputados "por existir fuertes indicios de la práctica" de esos delitos, al tiempo que propone la expulsión del territorio nacional de los dos hermanos.

Según el SEF, los dos hermanos "alentaban a decenas de compatriotas de bajos ingresos a trabajar en Portugal en el sector agrícola" y "los conducían a varias localidades del Bajo Alentejo", donde los llevaban "a alojamientos con condiciones de vida precarias y hacinadas".

Habiendo contratado la prestación de trabajo con terratenientes, los dos hermanos "criaban, controlaban y explotaban a los extranjeros, con el objetivo de obtener altos beneficios económicos de esta actividad, a pesar de los derechos de los trabajadores".

Por regla general, los dos hermanos "no celebraban contratos de trabajo" con las víctimas y les hacían "desempeñar funciones agrícolas, manteniéndolos en condiciones inhumanas".

También descontaban del salario acordado el pago del alquiler de las casas donde pernoctaban, el transporte a los lugares de trabajo y los gastos de alimentación, agua, electricidad y gas.

Los hermanos tampoco pagaban a las víctimas las horas extras, las vacaciones y los complementos de Navidad, "ni les reconocían el derecho a disfrutar de vacaciones pagadas".

"En numerosos casos, ante las protestas de los trabajadores, éstos fueron amenazados por los acusados, agredidos físicamente y expulsados de sus domicilios, quedándose sin alojamiento y sin comida", ha señalado el SEF.