Estas son las dos líneas maestras de la propuesta de informe presentada por la diputada socialista Ana Paula Bernardo en rueda de prensa, que pretendía trasladar la idea de apertura en relación a los cambios introducidos en la versión original de su documento.

Según la diputada, "no se registraron situaciones de prueba relevante de interferencia practicada en la gestión" por los ministerios de Finanzas e Infraestructura.

Mientras tanto, en las conclusiones, también se recomienda "una mejor articulación" a los otros ministerios ejecutivos para futuros casos en los que las empresas del sector público tienen propiedad compartida.

Otra conclusión considerada polémica por parte del diputado es la relativa a la falta de "pruebas de cualquier conexión" entre la salida de Alexandra Reis de la administración de TAP, una indemnización de medio millón de euros, y su traspaso poco después a la dirección de NAV .

En el plan político, presentado en la rueda de prensa, se preguntó a Ana Paula Bernardo si la inclusión en el puerto de referencias a "impactos negativos sobre los trabajadores de TAP" a lo largo del proceso de reestructuración de la empresa tenía como objetivo ganarse la abstención del PCP.

Respondiendo a este punto, la diputada socialista no tocó los eventuales objetivos políticos del PS en cuanto a la votación del informe final, pero destacó su experiencia como sindicalista de UGT.

Ante los periodistas, Ana Paula Bernardo mencionó los resultados de las audiencias realizadas con los sindicatos durante la comisión parlamentaria, en las que se concluyó que "el plan de reestructuración tuvo repercusiones negativas para los trabajadores".

"Tras la suspensión de los acuerdos sindicales, se firmaron contratos temporales de emergencia entre TAP y los sindicatos" que supusieron "recortes salariales de entre el 20% y el 50%", lo que no impidió "una fuerte disminución del número de trabajadores a través de mecanismos como la no renovación de contratos temporales, rescisiones pactadas y despidos colectivos."

Los partidos pueden presentar alteraciones a esta versión preliminar hasta el 10 de julio. El debate y votación del informe de la encuesta parlamentaria está previsto para el 13 de julio, y su dictamen por el pleno, el 19 de julio.