Los procedimientos se iniciaron a raíz de denuncias y quejas presentadas tanto por consumidores en el libro de reclamaciones como por otros agentes económicos.

En el sector de los supermercados, se interpusieron 35 infracciones administrativas por publicidad engañosa, en concreto por promociones que no se realizaban al precio anunciado.

La Dirección General de Consumo también aplicó dos medidas cautelares que determinaron la suspensión inmediata de dos campañas publicitarias.